STS 2253/2019: EXONERACIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS (178.5 LC)

Te explicamos la interpretación que el Tribunal Supremo ha dado respecto de algunos de los preceptos que más dudas subsumían en relación al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Concretamente, mediante su Sentencia 2253/2019, de dos de julio. se ha pronunciado en relación a los créditos de origen público.

BUENA FE DEL DEUDOR

A este respecto, el Supremo inicia su resolución arrojando luz a qué debe entenderse como “buena fe” del deudor: la misma se presume siempre que se cumplan los requisitos del apartado tercero del precepto 178 de la Ley Concursal – y no en virtud del artículo 7 del Código Civil.

Por lo tanto,  el deudor deberá cumplir los requisitos contenidos en el artículo 178.3 LC, enumerados a continuación:

(i) Concurso NO declarado culpable.

(ii) Deudor NO condenado por sentencia firme en los diez años anteriores por determinados delitos socioeconómicos

[ver más: ANTECEDENTES PENALES Y LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD] y,

(iii) Intento de un acuerdo extrajudicial de pagos que, frustrado, haya dimanado en un concurso consecutivo (en otras palabras, que hayas pasado por la fase extrajudicial).

Asimismo, la citada resolución continúa aclarando que los apartados cuarto y quinto del mismo precepto, no son más que presupuestos alternativos para alcanzar la exoneración, sin perjuicio que deban interpretarse en consonancia.

EXONERACIÓN “TOTAL E INMEDIATA”

Habida cuenta de ello, el art. 178.4 LC abre la posibilidad de obtener la exoneración de forma inmediata siempre y cuando se cumplan los requisitos propios, es decir, que se hayan satisfecho todos los créditos contra la masa así como los créditos privilegiados. Mediante este primer mecanismo, se consigue la exoneración de la totalidad de la deuda – incluida la deuda pública calificada como ordinaria y subordinada.

EXONERACIÓN “PARCIAL Y DIFERIDA”

Alternativamente, el precepto 178.5 LC ofrece a aquellos deudores con menor capacidad de pago el acceso al beneficio de forma diferidasupeditando dicha posibilidad al cumplimiento de los requisitos propios, esto es, que (i) no exista incumplimiento de las obligaciones de colaboración, (ii) no se haya obtenido el beneficio en los diez años anteriores, (iii) no hubiese rechazado un puesto de trabajo adecuado a la capacidad del deudor en los cuatro años anteriores y (iv) se acepte de forma expresión que la obtención del beneficio se hará constar en el Registro Público Concursal.

(v) Adicionalmente, el deudor debe someterse a un plan de pagos.

CONTENIDO DEL PLAN DE PAGOS

Es en este punto concretamente donde mayor impacto ha tenido la jurisprudencia contenida en este sentencia:

Hasta la fecha, se venia exigiendo la inclusión de la totalidad del crédito público al plan de pagos.

No obstante el Supremo ha resuelto, en consonancia con el articulado de la Ley Concursal, que se deberán someter al plan de pagos únicamente aquellas deudas que se hayan calificado como crédito contra la masa y/o crédito privilegiado. En este sentido, apunta que resulta ilógico incluir íntegramente el crédito público cuando por la opción anterior se exonera en su totalidad.

Así resuelve el Tribunal Supremo en el punto cuarto de la citada sentencia:

“ La ley, al articular la vía alternativa del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al máximo la concesión del beneficio, pretende facilitar el cumplimiento de este requisito del pago de los créditos contra la masa y privilegiados, y para ello le concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan de pagos, que planifique su cumplimiento.

Bajo la lógica de esta institución y de la finalidad que guía la norma que es facilitar al máximo la “plena exoneración de deudas”, debemos entender que también en la alternativa del ordinal 5.º, la exoneración alcanza a todos los créditos ajenos al plan de pagos. Este plan de pagos afecta únicamente a los créditos contra la masa y los privilegiados”

                                                                                                                      [El subrayado es nuestro]

ANTECEDENTES DE LA INTERPRETACIÓN

Dicha conclusión se fundamenta en el fin que la propia norma proclama perseguir según su preámbulo y que el propio Tribunal trae a colación:

“Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer“.

[El subrayado es nuestro]

Asimismo, la aprobación de la Ley Concursal junto a la interpretación que se viene haciendo de ella, es producto del esfuerzo por armonizar la legislación nacional con las normativa de la Unión Europea.

Hace años que se exige la introducción de la posibilidad de acceso a este mecanismo de segunda oportunidad en beneficio de la estabilidad económica y financiera de todos los Estados Miembros.

Fnalmente, la sentencia efectúa un análisis del controvertido apartado sexto del artículo 178 de la LC.

En este sentido, deja constancia que el plan de pagos a cinco años deberá se aprobado judicialmente, tras oír oportunamente a las partes, sin que su eficacia pueda quedar supeditada a la ratificación de los organismos públicos.

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